Madrid ha estado en el punto de mira durante estos días, tras conocer el acuerdo para la prohibición de la circulación de vehículos diésel a partir de 2025 que finalmente la capital española no ha suscrito, pese a anunciarse en una primera fase que sí lo había hecho, disparando todas las alarmas.
Que el diésel está en el punto de mira de las autoridades es algo más que evidente. Este combustible, que durante muchos años ha sido el rey de las ventas en toda Europa -lo sigue siendo a día de hoy- ha pasado a ser algo así como un "problema público", una gran traba.
Pese a que finalmente la capital española no ha suscrito el acuerdo que sí han firmado París y Ciudad de México por considerarlo "inaplicable en 2025", los propietarios de este tipo de vehículos deberían estar más que alerta, ya que es cuestión de tiempo que este tipo de medidas lleguen finalmente a la calle.
Más del 56% de los vehículos nuevos -sin contar industriales ni transporte pesado- matriculados en nuestro país durante 2016 equipan un motor diésel bajo el capó, lo que supone aproximadamente unas 600.000 unidades. Todos estos vehículos, y por supuesto los más antiguos, tienen ahora fecha de caducidad.
El nivel de contaminación atmosférica en las grandes ciudades ha sufrido un grave -y constante- incremento en los últimos años no solo en España, sino en muchas zonas de Europa, algo que ha obligado a tomar medidas disuasorias a las autoridades. En París, por ejemplo, ya no se permite la circulación por el núcleo urbano a los vehículos anteriores al 1 de enero de 1997.
En España la situación no ha llegado a tales extremos, pero sí hemos vivido episodios de contaminación intensos en la capital, donde se han activado en numerosas ocasiones los primeros niveles del protocolo anticontaminación, con medidas como la prohibición de estacionamiento en las zonas verdes y azules para vehículos no eléctricos o híbridos enchufables, así como la reducción del límite de velocidad en M30 y M40.
No olvidemos que hasta hace muy poco tiempo la industria automovilística -y las propias autoridades con medidas como una menor carga impositiva al diésel- han estado fomentando el uso del motor diésel, algo que parece se ha vuelto en su propia contra, creando un problema de salud pública.
Es evidente también que en los últimos tiempos hemos asistido a fenómenos como el caso de las emisiones contaminantes del Grupo Volkswagen, que han ayudado a que las autoridades den el primer paso hacia un futuro en el que la movilidad personal no estará asociada al diésel. Además, se han introducido cambios en los procesos de homologación de los vehículos nuevos, mientras que algunos fabricantes han modificado sus procesos de medición de consumos, habida cuenta de la flagrante discrepancia entre consumos oficiales y reales.
Las prohibiciones y restricciones son un paso a tomar, pero este tipo de medidas deberían traer consigo una fuerte inversión por parte de las administraciones para adaptar y mejorar la calidad de las infraestructuras de cara a un cercano futuro en el que los vehículos híbridos serán la "mínima alternativa", y los híbridos enchufables y eléctricos la nota dominante.
La industria automovilística se verá también afectada, así como el mercado tanto de vehículos nuevos como de segunda mano. ¿Quién va a querer adquirir un vehículo que no va a poder circular en determinadas zonas? Es muy posible que una vez se anuncie la primera restricción en una ciudad, se produzca un "efecto contagio" que traiga consigo más restricciones en otras ciudades.
A día de hoy Madrid, por ejemplo, adolece de un gran problema de ausencia zonas específicas de carga y estacionamiento para vehículos eléctricos, algo que combinado con la falta de autonomía de los actuales modelos a la venta hace muy difícil una utilización cotidiana y normal de un vehículo de estas características como sí sucede con los motores térmicos tradicionales, en los que "recargarlos de energía" en una estación de servicio no supone más de 5 minutos.
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