La cárcel de lujo de los niños asesinos españoles: piscina, futbolín y paga semanal

Los menores ya están en Ibaiondo, un centro con numerosas comodidades y cuyos trabajadores denuncian agresiones y amenazas. Mientras, en el barrio de Otxarkoaga se quejan de que en la comisaría del barrio no se pueden presentar denuncias

Según informa David López Frías en EL ESPAÑOL, una piscina, un gimnasio, aula de informática, un huerto, un frontón y una sala con juegos como un futbolín. Así es Ibaiondo, el centro de internamiento donde han recluido a los tres menores de edad acusados de asesinar salvajemente a una pareja de ancianos en Bilbao.

Ibaiondo es un centro de 3.200 metros cuadrados en las afueras de Zumárraga (Guipúzcoa). Además de las comodidades de las que van a gozar aquí, un equipo de más de 50 personas (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) están a disposición de los adolescentes para intentar su reinserción. No sólo eso: el posible que incluso perciban un sueldo para sus gastos: “Los internos disponen de una paga semanal de entre 9 y 15 euros, en función de la fase educativa en que se encuentren”, publicaba Noticias de Gipuzkoa en un reportaje. Desde Ibaiondo no lo ha confirmado, pues a pesar de los intentos de este periódico en contactar con sus responsables, nadie contesta.

“Este es un centro con una finalidad educativa”, subrayaban desde la dirección durante su inauguración. Nada de llamarlo reformatorio. Es un lugar donde los chicos campan a sus anchas, e incluso algunos pueden salir, dependiendo del régimen en el que se encuentre. Existen cuatro modalidades: régimen cerrado, en el que los internos no salen del centro, régimen semiabierto, en el que los chicos pueden salir a realizar algunas actividades al aire libre, régimen abierto, en el que solo van a dormir por las noches, y fin de semana en el que los chicos (porque sólo hay varones, no es un centro mixto) sólo pasan 36 horas allí dentro: ingresan el viernes por la noche y se marchan el domingo.

Agresiones y amenazas a los funcionarios

Se ignora si la ratio de reinserción es muy alta. Lo que sí se sabe con certeza es que los trabajadores del centro han denunciado en numerosas ocasiones amenazas y agresiones físicas por parte de los internos. Incluso llegaron a manifestarse en 2016 para exigir más medidas de seguridad a la administración, a causa de varios incidentes protagonizados por los chicos. "No pedimos guardaespaldas, sino que se cumplan las condiciones laborales de seguridad, para que lleguemos a casa cansados, no heridos", pedía el comité de empresa hace un par de años al consejero de Justicia del Gobierno Vasco, que gasta cada año 1,2 millones de euros en garantizar la seguridad en estos centros. 

Confía la administración en que los adolescentes no se fuguen de Ibaiondo, aunque no sería la primera vez. Los dos menores de 14 años habían huido de sendos pisos tutelados por la Diputación Foral. Uno de ellos se marchó de un caserío en la localidad de Mungia donde convivía con otros adolescentes problemáticos.

El otro se había largado de otra vivienda similar en el municipio de Laukiz, a 15 kilómetros de Bilbao. Ambos habían llegado a esos pisos porque a sus espaldas ya cargaban un dilatado historial delictivo repleto de robos, hurtos y agresiones. En esa situación se encontraban ambos adolescentes cuando perpetraron el crimen: huidos de la justicia. Sin embargo, como la legislación española en materia de menores es muy distinta a la de los adultos, la Diputación no informó de que estos adolescentes problemáticos andaban sueltos.

En la comisaría del barrio no se pueden poner denuncias

Entretanto, y mientras los presuntos criminales disfrutan de piscina y futbolín en Ibaiondo, en Otxarkoaga se celebró el funeral en memoria de Lucía y Rafael, asesinados a palos y puñaladas por los tres nuevos inquilinos del centro. El crimen ha provocado una profunda consternación en la sociedad vasca en general, y en este barrio obrero en particular. Varias asociaciones del pueblo convocaron horas antes del sepelio una rueda de prensa en la que pedían más ayuda a la administración pública. Denunciaron los portavoces vecinales que habían informado del incremento de hurtos y robos en el barrio a las autoridades y al Ayuntamiento, pero que nadie hizo nada.