Parece que el gobierno sueco se ha propuesto hacer buena esa apostilla que todos hemos oído alguna vez en boca de nuestros ancianos: "En mis tiempos, si algo se rompía, se arreglaba". Tan fácil como eso.
Claro que hoy, empujados por la mano negra del consumismo y la obsolescencia programada, la máxima suele ser "comprar, tirar, comprar de nuevo". Aún más fácil, pero también más caro. Y más malo para el entorno.
Por todo eso, Suecia quiere luchar contra esa "cultura de lo desechable" con un nuevo plan: introducir exenciones fiscales sobre las reparaciones de todo tipo, desde arreglar bicicletas hasta lavadoras, ropa o calzado.
El pasado martes, la coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde que gobierna el país propuso reducir el IVA sobre la reparación de artículos. La rebaja supondría una reducción del tipo aplicable desde el 25% al 12%. Con esta medida, Suecia pretende que no salga a cuenta deshacerse de los artículos rotos o estropeados para comprar nuevos.
La coalición también planea remitir para su votación parlamentaria otra propuesta según al cual los ciudadanos podrían desgravarse en su declaración de la renta hasta el 50% del coste de la mano de obra en reparaciones de electrodomésticos como neveras, lavaplatos, lavadoras y hornos.
La propuesta supone la reducción del IVA de un 25% a un 12%
Per Bolund, el ministro de Mercados Financieros y de Defensa del Consumidor, ha sido uno de los principales promotores de los nuevos incentivos. Además de detener el auge persistente del consumismo, Bolund espera que estas medidas estimulen el desarrollo de una industria de la reparación en Suecia y generen puestos de trabajo para los inmigrantes sin educación formal.
Los incentivos se enmarcan dentro de un cambio de orientación del gobierno en lo que se refiere a sus esfuerzos por la sostenibilidad. Desde 1990 hasta ahora, Suecia ha reducido sus emisiones anuales de dióxido de carbono en un 23%. La idea es trasladar ahora el foco de su política desde la reducción de las emisiones domésticas —donde habían puesto el énfasis hasta ahora— a la reducción de emisiones derivadas de la producción de bienes en otras partes del mundo.
La propuesta será sometida a votación parlamentaria el próximo diciembre. De ser aprobada, el 1 de enero se convertiría en ley.
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