La decisión de Elvira Tejada, fiscal de Sala de criminalidad informática, de ordenar a la brigada policial adscrita al cibercrimen investigar los tuits insultantes y homófobos que recibió el cantante Miguel Bosé en respuesta al cariñoso mensaje de despedida a su sobrina Bimba fallecida a finales de enero se ha topado con las laxas normas de identificación que rigen la red social y el abuso que hacen de ella los trolls.
Según han declarado fuentes de la Fiscalía a la agencia EFE, tres de los tuits identificados habrían incurrido en un delito de odio tal y cómo viene contemplado en el artículo 510 del Código Penal, lo que justifica la actuación de oficio y los cargos penales. Sin embargo, las cuentas han sido borradas, y por lo tantos las pesquisas sobre sus autores se encuentran en punto muerto al no poder rastrearlos por IP.
Las mismas fuentes confirman que la investigación sigue abierta y que se ha solicitado la colaboración de Twitter para recuperar esos perfiles borrados. Asimismo, se estaría investigando a las cuentas que retuitearon los mensajes ofensivos en busca de indicios que pudieran ayudar a identificar a los autores de los insultos.
Como adelantó EL ESPAÑOL, la probabilidad que las actuaciones de la Fiscalía a la hora de perseguir estos insultos tuvieran éxito eran dudosas. La tragedia de la familia Bosé estuvo en el blanco de especialistas del abuso online que saben cómo borrar su rastro. Twitter no exige una comprobación de los datos personales con los que se crean las cuentas más que a posteri, cuando ha recibido las denuncias por parte de otros usuarios por acoso. Así, los trolls pueden crear innumerables cuentas de usar y tirar, falseando además las IPs.
Una circunstancia agravada es que esta modalidad de abuso extremadamente virulento y coordinado de forma masiva es especialmente popular en Latinoamérica. Cualquier proceso judicial incoado en España se topa con una legislación y una interpretación diferente de los delitos telemáticos según el país desde el que actúa el acosador. Según confirmaron fuentes policiales a este diario, las cuentas con origen al otro lado del Atlántico son especialmente activas en las denuncias que manejan.
Así, en casos como la tuitera murciana imputada por hacer chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco o los usuarios de redes sociales perseguidos por desear la muerte de Adrián, el niño taurino enfermo de cáncer, las autoridades actuaron porque estaban identificados en sus cuentas personales y en suelo español.
La Fiscalía recuerda además que Miguel Bosé tiene la posibilidad de querellarse personalmente contra sus acosadores pero, de acuerdo a la legislación vigente, solo por los tuits que le atacan a él. Según las fuentes legales consultadas por este diario, en caso de identificar a los tuiteros, sus mejores opciones serían las de denunciar individualmente y ante un tribunal del país de origen a cada uno de ellos.
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